Chile el terremoto de la verguenza
Colaboración del periodista Ricardo Urzúa Munita
Como Chile sigue con la seguidilla de terremotos, incluido el día del traspaso de mando presidencial, con especialmente dos seismos grado 7 y 6.7 en la escala de Mercalli es bueno no olvidar que gran parte del miedo de la gente se debe a que, por vez primera, se experimenta la sensación de inseguridad de nuestras construcciones modernas frente a este tipo de fenómenos.
De este terremoto, hay muchas personas que deberían tener vergüenza, como los ineptos que no fueron capaces de alertar a la población que venía un Tsunami; quienes participaron en saqueos, sean delincuentes habituales, drogadictos o traficantes; los que construyeron edificios “con trampas”, ratoneando materiales; las empresas de telecomunicaciones que no contaban con sistemas de emergencia, sabiendo que Chile es un país ALTAMENTE telúrico; quienes han especulado subiendo los precios de los productos que venden.
Pero hay situaciones más graves. La gran mayoría de los edificios modernos que cayeron, tenían menos de cinco años. Eso coincide con el cambio de la ley, en 2005, cuando se dijo que las empresas constructoras deberían responder por el bien que vendían hasta 10 años después de otorgado el permiso de edificación. Pero la información fue divulgada con trampa, porque lo que se calló, es que las municipalidades no pudieran fiscalizar la calidad de los edificios que se construían.
Esa, que fue una propuesta de las empresas constructoras, termina eximiéndolas de toda culpa. La razón, es que si el edificio se ve afectado por cualquier motivo, la constructora debe responder, pero si esta no existe –que es lo habitual- quien debe hacerlo es su representante legal, con cargo a SU PATRIMONIO. ¿Y si no tiene patrimonio, porque ya lo traspasó para evitar ser embargado? Los adquirentes del edificio terremoteado, al final se quedan sin pan ni pedazo, a veces perdiendo el ahorro de todas una vida. Veo ahí los rostros de miles de jubilados que vendieron su antigua casa para irse a un departamento, por comodidad y seguridad, y que ahora tienen que dormir en casas de parientes – cuando los tienen-, o bajo una carpa. ¿Hasta cuando?
Aquí, claramente falló el Estado, en especial el Presidente de la República que promulgó esa ley, los parlamentarios que despachan cualquier cosa, y las constructoras, que hicieron todos los lobbies necesarios para convencer que ese era un camino para un mayor desarrollo.
Al final, como siempre, paga Moya. Los responsables, alguna vez, deberían dar la cara y ponerse con su patrimonio. A buen entendedor, pocas palabras.
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